Resumen
El comercio exterior colombiano se encuentra ante un punto de inflexión. Tras la declaratoria de inconstitucionalidad del régimen sancionatorio aduanero, la Corte Constitucional ordenó al Gobierno expedir una nueva normativa antes de junio de 2026. El Proyecto de Ley 312 de 2025 busca responder a ese mandato, pero su contenido ha generado una profunda inquietud en exportadores, importadores y operadores logísticos.
Más allá del debate jurídico, el verdadero impacto está en el día a día de los negocios: sanciones más severas, menor margen para corregir errores y una responsabilidad ampliada para quienes participan en las operaciones aduaneras. Entender este nuevo escenario no es opcional; es clave para proteger la operación, la competitividad y la continuidad empresarial.
¿Por qué llega un nuevo régimen sancionatorio aduanero?
Durante años, el régimen sancionatorio aduanero en Colombia fue cuestionado por empresarios, agencias de aduanas y expertos en comercio exterior. El principal problema no era la existencia de sanciones, sino la forma en que estas se aplicaban: multas elevadas, poca proporcionalidad y escaso análisis sobre si los errores eran intencionales o simplemente fallas operativas.
Esta situación llegó a la Corte Constitucional, que en 2025 revisó la legalidad del régimen vigente. Como resultado, mediante la sentencia C-072 de 2025, la Corte determinó que varias de sus disposiciones no cumplían con principios constitucionales como la proporcionalidad, el debido proceso y la seguridad jurídica. En otras palabras, consideró que el sistema sancionaba sin evaluar adecuadamente el contexto ni la responsabilidad real del operador.
Ante esta decisión, la Corte no eliminó de inmediato el régimen, pero sí le dio al Estado un plazo claro: hasta junio de 2026 Colombia debe contar con un nuevo régimen sancionatorio aduanero, ajustado a la Constitución. El objetivo es evitar un vacío legal que deje sin control a las autoridades aduaneras y, al mismo tiempo, corregir los errores del modelo anterior.
Como respuesta, el Gobierno Nacional presentó ante el Congreso el Proyecto de Ley 312 de 2025, una iniciativa construida por entidades como Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Comercio, la Presidencia de la República y la DIAN. La intención oficial es fortalecer el control aduanero, combatir el contrabando y modernizar las reglas del comercio exterior, alineándolas con estándares internacionales.
Sin embargo, el ritmo acelerado del proceso y la forma en que se presentó el texto definitivo han encendido alertas en el sector empresarial, que teme que el nuevo régimen termine siendo más estricto que el anterior, con menor margen para corregir errores y mayores riesgos para las operaciones legales.
Un régimen más severo: sanciones sin margen de error
Uno de los puntos más sensibles del proyecto es su enfoque sancionatorio. Aunque el texto incorpora el principio de buena fe, mantiene la aplicación de sanciones sin un análisis profundo de la culpabilidad del empresario.
Según Analdex, el proyecto establece que las conductas sancionables podrán aplicarse prescindiendo del análisis de culpa. En la práctica, esto implica que un error no intencional —como una descripción incompleta, un dato mal digitado o una inconsistencia formal— podría derivar en multas equivalentes al 30 % del valor en aduanas de la mercancía.
La preocupación central no es solo la severidad de la sanción, sino la eliminación de mecanismos efectivos para corregir errores menores, una herramienta clave para la gestión operativa del comercio exterior.
Responsabilidad ampliada y riesgos para los operadores
El proyecto también revive la figura de “inducción al error”, que permite sancionar a las agencias de aduanas cuando se considere que orientaron incorrectamente al importador o exportador, incluso sin pruebas claras de mala fe.
Desde la perspectiva del Gobierno, esta postura se justifica bajo el argumento de que los usuarios aduaneros son profesionales expertos, autorizados y habilitados por la DIAN, por lo que solo podrían exonerarse demostrando fuerza mayor o caso fortuito.
Para el sector privado, esta visión eleva significativamente el riesgo jurídico y operativo, ya que amplía la responsabilidad y reduce el margen de interpretación técnica frente a errores humanos o fallas sistémicas.
Un proyecto que también trae avances
El análisis no estaría completo sin reconocer los elementos positivos del proyecto. Firmas como KPMG han destacado avances relevantes, entre ellos:
Estos avances muestran la intención de modernizar el sistema, aunque su impacto dependerá de cómo se equilibre el control con la proporcionalidad sancionatoria.
El debate de fondo: control vs. Competitividad
Tanto el Gobierno como los gremios coinciden en que el país necesita un régimen sancionatorio más sólido para combatir el contrabando y las prácticas ilegales. El desacuerdo surge en el cómo.
Mientras la DIAN advierte que sanciones bajas pueden incentivar la ilegalidad y la competencia desleal, el sector privado alerta sobre un régimen desproporcionado que castigue errores formales y eleve los costos de cumplimiento, afectando la competitividad de las empresas que sí operan dentro de la legalidad.
El reto legislativo será encontrar un punto de equilibrio que fortalezca el control sin asfixiar la operación legítima del comercio exterior colombiano.
¿Cómo deben prepararse los empresarios colombianos?
Ante este nuevo escenario, la preparación deja de ser una opción y se convierte en una necesidad estratégica. Algunas acciones clave incluyen:
Las reglas que se adopten en los próximos meses tendrán un impacto directo en costos, riesgos y competitividad.
Xemdal: un aliado para operar con precisión en un entorno más exigente
En un régimen sancionatorio más estricto y con menor margen de error, la diferencia no estará solo en cumplir, sino en cómo se gestiona el cumplimiento.
En Xemdal te acompañamos para que tu operación de comercio exterior sea clara, ordenada y trazable, ayudándolas a:
Cuando las sanciones se endurecen, la improvisación deja de ser una opción. La prevención, la planificación y una gestión técnica del comercio exterior no son un gasto adicional: son una ventaja competitiva para operar con seguridad, continuidad y confianza en un entorno cada vez más regulado.
